Acusaciones por el cobro de subsidios
Según la denuncia presentada por cuatro cámaras del sector, Metropol habría percibido subsidios por montos superiores a los que le corresponderían. De acuerdo con lo señalado, la empresa estaría cobrando alrededor de 1.200 millones de pesos mensuales de más, lo que representaría un desvío acumulado que alcanzaría cifras millonarias.
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Cuatro cámaras empresarias pusieron bajo la lupa a una compañía de colectivos por un supuesto cobro de fondos públicos superior al que le correspondería.
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Las cámaras sostienen que estas supuestas irregularidades se producirían a través de maniobras como el corrimiento de secciones, la modificación de recorridos y la presunta inflación de datos vinculados a los servicios prestados. Estas prácticas, advierten, no solo afectarían al sistema de subsidios, sino también a los pasajeros, que resultarían perjudicados por un esquema desigual dentro del transporte público. La presentación formal encendió alarmas dentro del sector y abrió un fuerte cruce entre empresarios, en un contexto ya tensionado por el reparto de fondos estatales.
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Una segunda sospecha: financiamiento político en Moreno
A las denuncias económicas se suma una sospecha aún más delicada. Según lo que surge del planteo, Metropol podría estar tentada a financiar una campaña electoral en el municipio de Moreno a cambio de eventuales concesiones de líneas o recorridos dentro de esa localidad.
La hipótesis que circula es que el apoyo económico estaría vinculado a la campaña de la intendenta Mariel Fernández, en el marco de negociaciones por futuras habilitaciones o reconfiguraciones del servicio de transporte. Si bien no hay imputaciones formales, la sola mención de un posible intercambio entre financiamiento político y concesiones públicas agrava el escenario.
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Un conflicto que recién empieza
Por el momento, las acusaciones se mantienen en el plano de las denuncias empresarias y las sospechas políticas, sin definiciones judiciales. Sin embargo, el caso ya genera ruido en el sector del transporte y anticipa un conflicto de mayor escala, con derivaciones económicas y políticas.
La disputa expone, una vez más, la fragilidad de los controles sobre el sistema de subsidios y la sensibilidad del vínculo entre empresas que prestan servicios públicos y el poder político local. Un escándalo que, según advierten desde el propio sector, está lejos de cerrarse.
