En un municipio atravesado por problemas de infraestructura y servicios, la gestión de Mariel Fernández avanza con una nueva licitación para reorganizar el transporte público de pasajeros de Moreno. La propuesta busca modificar el esquema vigente e incorpora mayores obligaciones para quienes pretendan operar las líneas comunales.
Sin embargo, el proceso ya despertó cuestionamientos dentro del propio sector. Distintas cámaras empresarias realizaron presentaciones formales ante el Municipio en las que advierten sobre aspectos económicos, regulatorios y contractuales que, según sostienen, podrían comprometer la viabilidad de las futuras concesiones.
Mariel Fernández.
El planteo no apunta a rechazar una modernización del transporte. De hecho, las propias presentaciones reconocen la potestad municipal para reorganizar el servicio. La discusión pasa por otro lado: quién financiará las nuevas exigencias y qué garantías existen de que podrán mantenerse durante toda la concesión.
Más inversiones y obligaciones, pero dudas sobre cómo financiarlas
El nuevo esquema contempla obligaciones vinculadas con la prestación del servicio, inversiones, renovación de flota, infraestructura, equipamiento y estándares operativos. Es decir, quienes resulten adjudicatarios deberán afrontar un nivel significativo de inversión además de los gastos habituales necesarios para mantener los colectivos en funcionamiento.
CETUBA puso precisamente el foco en este punto. En su presentación sostiene que el pliego incorpora obligaciones de considerable magnitud pero no establece un régimen destinado a preservar el equilibrio económico-financiero de la concesión durante toda su vigencia.
Para las empresas, el problema no termina en determinar cuánto habrá que invertir inicialmente. Una concesión de transporte debe afrontar durante años salarios, combustible, seguros, mantenimiento, repuestos y renovación de unidades, entre otros costos.
La propia entidad advierte además sobre la ausencia de mecanismos objetivos de revisión y recomposición contractual frente a cambios regulatorios, tributarios, salariales o aumentos extraordinarios de los costos de explotación.
Compensaciones provinciales y criterios de adjudicación, bajo la lupa
Otro de los puntos centrales es el sistema de compensaciones tarifarias. El transporte comunal funciona dentro de un esquema en el que los recursos provenientes de la Provincia de Buenos Aires constituyen una parte relevante del financiamiento de la actividad.
CETUBA advierte que el pliego no determina con suficiente claridad cómo eventuales modificaciones en ese régimen provincial serían incorporadas a la ecuación económica de los futuros contratos. Según la presentación, trasladar esos riesgos completamente al operador podría afectar la sustentabilidad de la concesión.
También existen cuestionamientos sobre cómo se elegirán las ofertas ganadoras. En su presentación, CETUBA señala una “ausencia de criterios objetivos de evaluación y adjudicación” y sostiene que el pliego no establece previamente con suficiente precisión los parámetros ni la ponderación que corresponderá a cada uno.
La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires realizó una observación similar y reclamó que se definan criterios técnicos, económicos, operativos y financieros, junto con su ponderación y metodología de calificación.
Un intento de solución que abre nuevos interrogantes
Las observaciones empresarias colocan al Municipio frente a una contradicción que deberá resolver antes de avanzar: exigir un servicio mejor implica necesariamente determinar cómo se financiarán esas mejoras.
Renovar colectivos, aumentar las inversiones y establecer mayores estándares puede aparecer como un avance sobre el papel. Pero las propias cámaras advierten que, si esas obligaciones no tienen correspondencia con los recursos disponibles, podrían desalentar la participación de operadores o trasladar mayores riesgos económicos a las futuras concesiones.
El planteo cobra mayor relevancia en un distrito donde los problemas de infraestructura forman parte de la agenda cotidiana. Mientras calles anegadas y otras dificultades urbanas continúan afectando a distintos sectores de Moreno, la administración municipal avanza sobre una reforma del transporte que, antes incluso de ponerse en marcha, ya recibió advertencias formales de actores del propio sistema.
CETUBA sintetiza el cuestionamiento en sus conclusiones: sostiene que la sustentabilidad de una concesión depende del equilibrio entre las prestaciones exigidas al operador y los ingresos previstos para financiarlas, y advierte que el esquema actual no ofrecería el marco de previsibilidad necesario.
La pregunta, entonces, no es solamente qué transporte quiere Moreno, sino si el esquema diseñado para conseguirlo cuenta con las condiciones económicas y regulatorias necesarias para funcionar. Porque un pliego pensado para solucionar los problemas del servicio, si parte de obligaciones difíciles de sostener, podría terminar abriendo la puerta a una nueva crisis en lugar de evitarla.
