Las organizaciones sindicales de la Marina Mercante Argentina declararon el estado de alerta permanente y movilización frente al avance de un proyecto de ley que, con el objetivo de reducir los costos logísticos, plantea profundizar la apertura del cabotaje nacional a buques extranjeros.
Los gremios sostienen que una modificación de esas características podría afectar al empleo argentino, las empresas nacionales, la industria naval y la capacidad logística del país.
La posición fue difundida por las organizaciones que integran FE.SI.MA.F., junto con distintos sindicatos del sector, que reclamaron que cualquier reforma del sistema contemple la participación de los trabajadores y medidas destinadas a fortalecer la Marina Mercante nacional.
Por qué los sindicatos cuestionan la apertura a buques extranjeros
La discusión gira alrededor del cabotaje, es decir, el transporte de cargas entre puertos de un mismo país.
Las organizaciones sindicales cuestionan que la reducción de costos se busque mediante una mayor participación de embarcaciones de otras banderas sin resolver previamente las diferencias económicas, tributarias y operativas que, afirman, perjudican a los operadores nacionales.
“No nos oponemos al progreso, a la eficiencia ni a la competitividad de nuestra Marina Mercante”, plantearon los gremios.
También señalaron que los trabajadores presentaron propuestas para recuperar y fortalecer la actividad, pero aseguran que esas alternativas no fueron incorporadas a la discusión.
El planteo central es que la competencia no debería producirse en condiciones que terminen favoreciendo la sustitución de embarcaciones y trabajadores argentinos.
La advertencia a los gobernadores y el temor por las economías regionales
Los sindicatos también dirigieron un mensaje a los gobernadores y cuestionaron la idea de presentar a las embarcaciones extranjeras como una solución para reducir los costos que enfrentan las economías regionales.
Para las organizaciones, no debería plantearse una oposición entre trabajadores vinculados con las actividades productivas en tierra y quienes trabajan embarcados.
La cadena asociada al transporte por agua comprende además puertos, talleres navales, proveedores, escuelas de formación y empleos directos e indirectos.
Uno de los principales interrogantes planteados es qué podría ocurrir con las tarifas si disminuyera considerablemente la flota argentina y el transporte de las cargas quedara concentrado en compañías extranjeras.
Los gremios mencionaron particularmente la posibilidad de una mayor presencia de empresas de bandera paraguaya y advirtieron sobre el riesgo de que una posición dominante termine influyendo sobre los precios y las condiciones de transporte para productores y economías regionales.
Qué reclaman al Gobierno y al Congreso
Frente al avance de la discusión, las organizaciones sindicales plantearon una serie de condiciones que consideran necesarias para mejorar la competitividad sin desplazar a la actividad nacional.
Entre ellas mencionaron:
- mejoras en la infraestructura portuaria;
- mayor integración entre diferentes modalidades de transporte;
- equidad tributaria;
- recuperación de la capacidad nacional de transporte;
- políticas de promoción de la bandera argentina.
Además, reclamaron al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que cualquier modificación garantice la defensa del cabotaje, de la Marina Mercante y del empleo argentino.
También pidieron una participación efectiva de las organizaciones representativas del sector en la elaboración de las reformas.
La convocatoria se extendió a sindicatos, empresas y sectores productivos con el objetivo de discutir qué modelo de transporte necesita el país y cómo compatibilizar la búsqueda de menores costos logísticos con la preservación de una capacidad nacional propia.
El conflicto abre así una discusión que excede al transporte marítimo y fluvial: quién moviliza las cargas argentinas, bajo qué condiciones se desarrolla esa actividad y qué lugar ocupa la Marina Mercante nacional dentro de la estructura logística del país.
