El debate sobre las condiciones laborales volvió a quedar en primer plano a partir de dos situaciones que, aunque corresponden a actividades diferentes, tienen un punto en común: la forma en que se remunera el trabajo y el grado de vulnerabilidad de quienes dependen de esos ingresos.
Por un lado, trabajadores vinculados al Grupo Metropol denunciaron una modificación en el sistema de pago de las horas extras de los choferes de la línea 109. Por otro, en el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes se conocieron denuncias sobre presuntas formas de pago y circulación de drogas entre trabajadores rurales dedicados a la cosecha de cítricos y arándanos.
Qué denuncian los choferes de la línea 109
La modificación habría comenzado a aplicarse desde la segunda quincena de octubre y alcanzaría a trabajadores de la línea 109, que une Liniers con Puerto Madero.
Hasta ese momento, los montos correspondientes a horas extras se abonaban mediante Billetera País. La nueva modalidad, según la denuncia, implicaría acreditar esos importes a través de una aplicación vinculada a la cadena de supermercados Yaguar.
El cambio genera cuestionamientos porque los trabajadores dejarían de disponer libremente de ese dinero y pasarían a utilizarlo dentro de un circuito comercial determinado.
La situación también abre interrogantes sobre cómo se registran esas horas extras, de qué manera aparecen en los recibos de sueldo y si se cumplen las obligaciones laborales y previsionales asociadas a esos pagos.
La línea 109 forma parte de la red operada por Grupo Metropol, compañía que administra distintos servicios de jurisdicción nacional y del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La empresa cuenta con 22 bases operativas, más de 4.300 trabajadores y una flota superior a 1.500 unidades. Entre las líneas que opera se encuentran las 65, 90, 109, 136, 151, 163, 176, 181, 195, 237, 276, 310, 322, 365, 448, 503, 510 y 670, entre otras.
La conducción del grupo está encabezada por Eduardo Zbikoski y Javier Zbikoski, mientras que Silvina Zbikoski se desempeña como gerenta general del área de Transporte Público en Argentina.
Cuando el salario deja de pagarse en dinero
La controversia alrededor del transporte vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: qué significa cobrar por el trabajo realizado y hasta qué punto un empleador puede condicionar el uso de ese ingreso.
En este caso, la denuncia apunta a que las horas extras ya no se pagarían con dinero de libre disponibilidad, sino mediante un sistema que permitiría utilizar esos montos para compras dentro de una cadena comercial.
El planteo adquiere especial relevancia en una actividad esencial, en la que miles de choferes sostienen diariamente el traslado de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
A esto se suma otro aspecto: si esos adicionales no están correctamente registrados, también pueden verse afectados aportes, contribuciones y otros derechos vinculados al salario.
Denuncias por cocaína entre trabajadores rurales
En paralelo, otra situación generó preocupación en el ámbito laboral. En el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, distintas denuncias señalaron que algunos capataces y encargados de cuadrillas entregarían dosis de cocaína como parte del pago a trabajadores rurales o venderían estupefacientes durante los traslados hacia las quintas.
La problemática fue vinculada principalmente con trabajadores dedicados a la cosecha de cítricos y arándanos.
El Sindicato de la Fruta también advirtió sobre los altos niveles de informalidad laboral en el sector y sostuvo que la presencia de drogas dentro de ese circuito no sería un fenómeno reciente.
En los últimos días, distintos procedimientos realizados sobre colectivos y combis utilizados para transportar cosecheros terminaron con secuestros de cocaína, armas y detenciones.
Dos actividades distintas, un mismo problema de fondo
Aunque los casos se desarrollan en contextos diferentes, ambos vuelven a poner el foco sobre la precarización laboral y la vulnerabilidad de trabajadores que dependen de empleos donde la forma de contratación o de pago puede quedar fuera de los mecanismos habituales.
En el transporte, la discusión gira alrededor de la modalidad de pago de horas extras y la posibilidad de disponer libremente del salario.
En el trabajo rural, la situación incorpora además una dimensión penal y sanitaria vinculada con la presunta circulación de drogas en un contexto de alta informalidad.
Las denuncias exponen una discusión que excede a cada actividad en particular: cómo se protege el salario, cómo se registran los adicionales y qué controles existen para garantizar condiciones laborales dignas.
